Asunto Tête: El TEDH declara por unanimidad la violación de libertad de expresión

El pasado 26 de marzo de 2020 el TEDH (Estrasburgo) declaró por unanimidad, la violación del artículo 10 del Convenio Europeo de Derechos Humanos que recoge el derecho a la libertad de expresión, en el «Caso Tete contra Francia».

El caso se refiere a la condena impuesta al Sr. Tete por una carta abierta dirigida al Presidente de la Autoridad de los Mercados Financieros (AMF) en la que criticaba a una empresa y su director general por proporcionar información falsa o engañosa en el proceso de salida a bolsa de esta compañía. El demandante invoca el artículo 10 de la Convención, que protege la libertad de expresión.

El solicitante defiende que en el documento básico que indicaba el costo de adquisición del terreno era del orden de 10 a 20 millones de euros y se preveía el siguiente calendario:

  • Adquisición del terreno, durante 2007.
  • Estudios preliminares hasta 2009.
  • Dos años de trabajo para su puesta en marcha.

El Sr. Tete el 24 de enero de 2010, tras haber comprobado que los plazos mencionados en el documento de base no se habían cumplido, envió una carta abierta al Presidente de la AMF, que literalmente expresaba:

«(…) La oferta pública inicial del Grupo OL fue motivada principalmente por la la realización del proyecto OL Land (…). Es obvio que incluso con las precauciones. La fecha de 2007 para la adquisición de tierras no era realista. Como resultado, hay en lugar de si la persona responsable del documento base ([J.-M. A.], Presidente Director General del Grupo OL) no subestimó a sabiendas las dificultades de para promover la OPI, y si, hoy en día, el Grupo OL todavía tiene los recursos necesarios para hacerlo medios de ejecución del proyecto.

La pregunta legítima es si la empresa del Grupo OL todavía tiene el capacidad de financiar su proyecto. Como consecuencia, la falta de aplicación:

  • ¿Tendrá OL Land un impacto «desafortunado» en el futuro de [J.-M. A.]?
  • ¿Serán considerados para su enjuiciamiento?

Dos respuestas son en efecto posible.

  1. O bien el «documento base» es sólo indicativo, entonces las autoridades públicas se verán liberadas de su «obligación» de llevar a cabo la inversiones cada vez más costosas para hacer la tierra constructible del proyecto.

  2. O bien el «documento base» tiene un valor imperativo, y se deben iniciar procedimientos para establecer la responsabilidad del Sr. [J.-M. A.].»

El 8 de febrero de 2010, el Presidente de la AMF respondió al solicitante que el tratamiento de los elementos señalados estaba dentro del ámbito del demandado. Añadió que la carta de 24 de enero de 2010 se había remitido a los servicios especializados que seguir las preguntas de esta naturaleza. Sin embargo, declaró que no podía proporcionar más información, dado que la AMF está sujeta a la obligación a estrictas reglas de secreto profesional.

De esta forma la AMF no tomó ninguna medida administrativa o judicial contra la carta del solicitante. En cambio, el Grupo OL y JMA presentaron una denuncia por calumnias.

Por sentencia el 16 de marzo de 2012, el Tribunal de Gran Instancia de París (Tribunales de 1ª Instancia en España) confirmó la culpabilidad del demandante. El demandante apeló incluyendo un alegato de violación del artículo 10 de la Convención, pero la sentencia confirma la culpabilidad.

Por ende, el demandante apeló al Tribunal de Casación invocando en particular los artículos 6 y 10 de la Convención. Además se quejo, de que el Tribunal de Apelación no había respondido a su alegato en virtud del artículo 10 de la Convención.

Las jurisdicciones internas no tuvieron debidamente en cuenta la necesidad de la interferencia con el derecho a la libertad de expresión del Sr. Tete. Por ello, el demandante acudió al Tribunal Europeo de Derecho Humanos, refiriéndose a un tema de interés general y en el contexto de un enfoque político y militante, además de acordar el carácter penal de las sanciones impuestas.

Finalmente el TEDH (Estrasburgo), declaró por unanimidad:

  1. Admisión de la solicitud.

  2. Violación del artículo 10 de la Convención.

  3. Dice: que el Estado demandado pague al demandante, en el plazo de tres meses a partir de la fecha en que la sentencia se convierte en definitiva de acuerdo con el artículo 44. 2 de la Convención, las sumas siguiente:

    • 10.000 euros (diez mil euros), más cualquier cantidad que pueda ser debida sobre esa cantidad como un impuesto, por daños materiales.

    • 10.000 euros (diez mil euros), más cualquier cantidad que pueda ser debida sobre esa cantidad por el solicitante como impuesto, para gastos, y los costos.

    • Que desde la expiración de dicho plazo hasta el pago, para aquellos las cantidades estarán sujetas a un interés simple a un tipo de interés igual al tipo de interés de la de la facilidad marginal de crédito del Banco Central Europeo aplicable durante ese período, incrementado en tres puntos de porcentaje.

  4. Descarta el excedente de la demanda por satisfacción justa.

La Sentencia del Tribunal de Estrasburgo devendrá firme en las condiciones definidas en el artículo 44.2 del Convenio Europeo de Derechos Humanos.

Accede al contenido íntegro de la sentencia (PDF)

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