Principio «Pro Competitione»

El denominado principio pro competitione, es una figura alegal (no regulado ni LD ni por la RFEF) creada por el antiguo Comité Español de Disciplina Deportiva a principios de los años 80, con un doble objetivo:

  • Justificar la supresión o reducción de garantías de los sujetos infractores en pro de la competición.
  • Considerar la relación en el ámbito deportivo como de especial sujeción. *Aunque cabría comparar el beneficio de la competición con el beneficio del interés general en otros ámbitos, así como urbanismo, inmigración, etc… aunque ello daría para escribir otro documento.  

Se trata de un principio informador del derecho disciplinario deportivo que debido al ritmo frenético de la competición, entiende que es un bien jurídico preferente a otros protegidos por los principios generales del Derecho sancionador, por la necesidad de evitar perturbaciones que alteren el normal desarrollo de las competiciones.

Para RODRIGUEZ TEN, el principio pro competitione es el culpable de que la mayor parte de las garantías constitucionales que justificaron que se publificaran la disciplina deportiva ceda, y es precisamente este desajuste lo que hizo que se intentara justificar como relaciones de sujeción especial la relación entre las federaciones deportivas y los clubes y deportistas para así explicar la merma en las garantías, algo que el citado autor tacha de “ridículo”.

El objetivo principal que busca este principio es la necesidad de preservar el normal desarrollo de las competiciones por encima de la plena aplicación de los principios del procedimiento sancionador. Este principio permite:

  1. Prescindir o acortar trámites que deberían de cumplirse por el procedimiento sancionador general.

  2. Ejecución inmediata de las sanciones deportivas.

Existe especial controversia en torno al procedimiento aplicable. Mientras una parte de la doctrina, expresa que debe ser aplicable conforme al procedimiento extraordinario, con las limitaciones inherentes al mismo; otra corriente, entiende que no tiene propiamente aplicación en el procedimiento extraordinario disciplinario, porque se rige por los principios generales del derecho sancionador (art. 39 RD 1591/92, de Disciplina Deportiva).

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